Modernizar la justicia es una necesidad acuciante desde hace años. Sobre los logros conseguidos hasta la fecha y cómo la pandemia puede impulsar, por fin, la transformación digital de este ámbito reflexiona Juan Altés, director del vertical de Justicia en T-Systems.
“Empecé en el mundo de la justicia hace 14 años en T-Systems para dirigir las TIC en uno de los grandes programas de transformación del momento en su vertiente TIC, un reto nada despreciable si tenemos en cuenta la cobertura de la nueva ley Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la nueva estructura de funcionamiento impulsada por la NOJ (nueva oficina Judicial) con impacto en el modelo organizativo y la realidad de los juzgados en cuanto a sus espacios físicos”, relata Juan Altés. “Hoy —reconoce— las cosas que entonces eran auténticos retos y centraban todos los esfuerzos de los que trabajábamos e impulsábamos el cambio se han convertido en la normalidad”, poniendo dos claros ejemplos: la firma electrónica por parte del magistrado o el letrado o el uso del expediente judicial electrónico en sustitución del legajo. “Esto nos permite y obliga a seguir avanzando en el proceso de la transformación digital con nuevos y apasionantes retos”.
Altés cree que el gran reto que el sector tuvo que abordar hace años para conseguir que poco a poco todos los destinatarios y sus primeros y directos beneficiarios apoyasen y ayudasen en la transición y cambio de modelo operativo fue una ingente gestión del cambio. En la actualidad, señala, la etapa que se afronta es distinta, dentro de un marco de digitalización que supone una oportunidad para todos: “Una Justicia digital para la ciudadanía tal y como se recoge en el plan España Digital 2025, con el ánimo de incorporar nuevos servicios que faciliten y mejoren la relación con la ciudadanía y su interacción con los servicios públicos”.
Grandes desafíos
Preguntado por cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrentan hoy las administraciones de Justicia a la hora de abordar la transformación digital, Altés indica que, afortunadamente, en la actualidad, en mayor o menor medida el propio Ministerio de Justicia y todas las comunidades autónomas están inmersas, con distinto grado de ambición, en procesos de transformación digital. “Atrás quedan los años en que las partidas presupuestarias se destinaban a ordenar el backoffice poniendo al día las infraestructuras de telecomunicaciones, centros de procesos de datos, y equipos de sobremesa y portátiles”.
Hoy, añade, el centro ‘neurálgico’ TIC lo constituyen los SGP (Sistemas de Gestión Procesal), “claves para poder articular de una manera mucho más eficiente la gestión del dato e información optimizando la gestión de las entradas y salidas (la interoperabilidad) pero con mucho camino por andar en facilitar la interacción de su usuarios (funcionarios, letrados y magistrados) para hacer que su trabajo se centre en la aportación de valor y dejar toda tarea de menor valor sea resuelta con las tecnologías de moda cómo RPA (automatización de procesos robóticos), machine learning, bots, etc.”.
Altés afirma que urge hacer una “profunda reflexión para abordar también la necesaria renovación de su puesto de trabajo, superando la visión más clásica y reduccionista de la estación de trabajo tradicional, pues se ha avanzado mucho a nivel de dispositivos, soluciones de escritorio y entornos de colaboración, lo que nos permite plantear opciones de mejorar mucho su día a día con una combinación adecuada de los mismos”.
El experto cree que en la relación con los profesionales (procuradores y abogados) ya se ha avanzado mucho: “Son parte necesaria como incitadores del proceso judicial y la entrada de las demandas y asuntos en formato digital, con lo que la comunicación con ellos debe ser lo más eficiente posible, en modalidad 24×7 y sin perder las garantías necesarias del proceso”.
No obstante, donde queda más trabajo por hacer, matiza, es en la relación con el auténtico usuario de la Justicia, el ciudadano o persona jurídica, “pero la reordenación y evolución de todo lo anterior permitirá hacerlo antes y mejor”.
Tecnologías claves
Preguntado por el estado de implantación en el que se encuentran el expediente electrónico judicial y la firma electrónica, Altés es claro: “Muy avanzado, en general, pero a su vez lejos de donde podrían estar”. Afirma que el primero será una realidad cuando no entren cajas y cajas de papel en las ciudades de justicia y juzgados de este país. Entonces podremos hablar del ‘papel cero”.
El proceso judicial, añade, “es complejo pero finito, y a medida que se van incorporando en formato exclusivamente digital las entradas y salidas, mejorando los sistemas de notificación y comunicación con terceros, avanzamos en la dirección correcta”. Se trata, añade el portavoz, de “un proceso iterativo real y en marcha, si bien a distintas velocidades, que nos llevará a que sea una realidad más que satisfactoria antes de lo que quizás hubiéramos imaginado hace 10 años”. Un proceso que, reconoce, requiere de una fuerte inversión. “Pero estoy seguro de que el ROI es más que adecuado y justifica sobradamente la misma”, defiende.
Entre las tecnologías que van a marcar un punto de inflexión en la Justicia, Juan Altés menciona tecnologías emergentes cómo los sistemas de automatización a todos los niveles (lo que liberaría al funcionario de la tareas de menor valor añadido), la interacción mediantes sistemas bot para obtener información desde cualquier dispositivo, la posibilidad de interactuar mediante la voz para hacer consultas o redactar escritos o sentencias, y los procesos de IA. “La tecnología está aquí y permite hacer muchas de cosas habituales en el ámbito de la justicia, incluso las que generan más dudas acerca de su corrección o conveniencia teniendo en cuneta aspectos legales”.
La pandemia como acelerador de la transformación digital
Para Altés, la situación generada por la pandemia ha provocado que “muchas cosas que llevábamos tiempo proponiendo y discutiendo se hayan hecho realidad, en mayor o menor medida”, recordando el creciente uso de soluciones de videoconferencia para muchas actuaciones, la dotación de equipos portátilespara que se pueda trabajar en remoto y con seguridad, la adaptación de aplicaciones para permitir el trabajo en remoto si fuera necesario, etc.
En T-Systems, asevera, trabajan intensamente en muchos proyectos para acelerar la digitalización de la justicia, desde iniciativas de modernización de los sistemas de gestión procesal hasta proyectos de conocimiento avanzado o process mining sobre el uso de los datos, pasando por la creación de plataformas de soporte al entrenamiento de algoritmos avanzados dirigidos al mundo judicial o por otras acciones para digitalizar la justicia de cara a la ciudadanía.
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