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La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las grandes revoluciones del siglo XXI. Está cada vez más presente en la vida cotidiana, tiene un impacto cada vez más elevado en cuestiones más variopintas y está cambiando las normas de juego para las empresas. Por eso, se están abriendo más frentes de debate sobre qué supone y cómo se debería afrontar su desarrollo. Uno de ellos es el legislativo, en el que Unión Europea está siendo la avanzadilla.

Europa cuenta ya con una normativa que regula la inteligencia artificial: es la que ya se conoce como «Ley de IA» y que ha sido acordada este mes de diciembre. «La ley de inteligencia artificial de la UE es pionera en el mundo. Un marco legal único para el desarrollo de la inteligencia artificial en el que se puede confiar», apuntaba justo después de su aprobación la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En líneas generales, la ley quiere «fomentar el desarrollo y la adopción de IA segura y confiable en todo el mercado único de la UE por parte de actores públicos y privados», como explica la propia administración española en su web sobre legislación. La esencia es la de crear un marco favorable para usar la inteligencia artificial para buenos usos y sacarle sus beneficios, pero reduciendo los riesgos y eliminado al máximo posible todos los efectos negativos que hasta ahora ha estado teniendo.

La norma `parte del riesgo percibido: si los usos de la IA suponen un riesgo elevado, la normativa que debe aplicarse tendrá que ser más rígida.

Lo que cambia la normativa

Una de las palabras clave para entender qué implica la normativa es gobernanza. Con la ley también se ha acordado la creación de una «Oficina de IA» que se encargará de supervisar qué está pasando, un panel independiente de científicos que asesorará y una junta de la IA formada por los Estados miembros de la UE.

Al mismo tiempo, la ley de IA también ha prohibido ciertos usos para garantizar las libertades civiles. Por ejemplo, no se podrá usar para realizar identificaciones biométricas remotas. Solo con autorización judicial la inteligencia artificial se podrá emplear para vigilar espacios públicos. Igualmente, no se podrá hacer segmentaciones de personas por criterios de pensamiento, creencias, orientación o raza, pero tampoco se podrán crear bases de datos faciales que extraigan datos de la red.

Otra de las grandes palabras clave de la normativa es la de transparencia. Es lo que se le pide a la IA generativa, que ahora tendrá que garantizar que han respetado los derechos de autor en la creación de esos contenidos y dejar también claro que es una creación de una IA.

Lo que la ley de IA supone para las empresas

En líneas generales, se podría decir que la normativa pide a la IA más ética. Las cuestiones de hasta dónde llega el alcance de la inteligencia artificial y las consecuencias que tiene para la ciudadanía están a la orden del día.

También se cuenta con normas más claras, que marcan los límites de lo que no se puede hacer, y con multas por no hacer las cosas bien. La penalización para quienes infrinjan la normativa —aunque con variables para pymes y nuevas empresas— es un porcentaje de lo facturado en el año anterior, de entre el 1,5 y el 7% (es la horquilla que va entre haber dado información incorrecta a la IA hasta caer en usos prohibidos).

Se prevé que la ley entre en vigor en 2026, aunque lo hará de un modo escalonado. Y, aunque la normativa afectará solo a la Unión Europea, es probable que su influencia vaya más allá: solo hay que pensar en lo que ocurrió con la normativa de protección de datos para visualizarlo.

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